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El alcalde de Estepona critica en la FEMP que la futura Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno de Sánchez supone un aumento de la presión fiscal y deja sin alternativa de transporte al medio rural

García Urbano señala que el Gobierno de Sánchez “aprueba leyes que aumentan la presión fiscal sin tener en cuenta las difíciles circunstancias económicas que atraviesan las familias y las pymes en España”.

Critica que “a quince días de que acabe el año el Gobierno sigue incumpliendo su compromiso de celebrar una Comisión Nacional de Administración Local antes de concluir el 2022”.

Estepona, 15 de diciembre de 2022.- El vicepresidente de la FEMP y alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha expuesto hoy en el Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que la futura Ley de Movilidad Sostenible trae aparejado un aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos y empresas y deja sin alternativa de transporte al medio rural.

En este sentido, ha señalado que la futura normativa de movilidad sostenible “supone una condena del Gobierno de Sánchez a los españoles que viven en el medio rural”. Según ha explicado, el proyecto de ley que ha remitido el Gobierno al Congreso de los Diputados para su tramitación “olvida por completo las necesidades del medio rural” y denuncia que “el Ejecutivo reduce drástica o totalmente las paradas de los servicios de transporte de pasajeros por carretera en cerca de 1.500 Ayuntamientos”.

Asimismo, ha manifestado que “el Gobierno de Sánchez aprueba leyes que aumentan la presión fiscal sin tener en cuenta las difíciles circunstancias económicas que atraviesan las familias y pymes en España”. De hecho, ha enfatizado, “que con cada norma que aprueba estrangula más las economías familiares de nuestros vecinos al tiempo que, en muchos casos, también asfixia las finanzas de Ayuntamientos y Diputaciones”.

En otro orden de cosas, ha recordado que la Ley de Residuos puede suponer un gasto adicional para los Gobiernos Locales del 1% de su presupuesto global. Por este motivo, ha insistido en la necesidad de “retrasar la entrada en vigor de esta norma, que trae consigo un mecanismo perverso que obliga a las Entidades Locales a cobrar más por la basura a los ciudadanos para luego entregar lo recaudado a las Comunidades Autónomas”.

Por ello, ha reiterado la “necesidad de recalendarizar la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), ya que el Gobierno aún no ha publicado el Reglamento que desarrolla esta normativa y sin el que los Ayuntamientos “difícilmente pueden redactar las ordenanzas municipales para su implantación”.

Censura al Gobierno

Por otra parte, García Urbano ha censurado que “a quince días de acabarse el año el Gobierno sigue incumpliendo el compromiso adquirido por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, de celebrar una Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) antes de concluir el 2022”. Un hecho que ha calificado de “falta de respeto institucional a los municipios y provincias representados por la FEMP”.

Para el vicepresidente de la FEMP, esta reunión resulta “muy necesaria ya que las Entidades Locales tenemos problemas financieros acuciantes, como la caída de ingresos provocada por la anulación del impuesto de plusvalía o el aumento de los gastos por la factura de la energía”. Así, ha señalado que “nuestros presupuestos no dan más de sí y necesitamos una respuesta desde el Gobierno para saber a qué atenernos”.

Finalmente, García Urbano ha señalado que “es hora ya de que los Gobiernos Locales reclamemos más autonomía funcional respecto de las Comunidades Autónomas” y ha insistido en que desde la FEMP “se deberían coordinar los trabajos para alcanzar esta emancipación administrativa, que liberaría de mucha burocracia a las CCAA”.

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